Autoridades peruanas intentan violentar el “secreto profesional”

16/07/2018

La Constitución Política del Perú contempla “el secreto profesional” como una garantía para el ejercicio del periodismo, de modo que ninguna autoridad puede obligar a entregar dicha información reservada para usos propios de la profesión. En este sentido, desde la Federación de Periodistas de América Latina y El Caribe (Fepalc), junto con nuestro afiliada Asociación Nacional de Periodistas del Perú, rechazamos la acción del Ministerio Público de ese país contra periodistas de IDL Reporteros y Panorama.

 

El pasado 10 de julio, sin aviso, el  Ministerio Público realizó una diligencia en las instalaciones de IDL-Reporteros, medio que reveló los audios que comprometen a consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en presuntos conflictos de intereses.

 

Se trató del primer intento de incautar el material periodístico de la mencionada investigación. La diligencia fue cancelada debido a la falta de una orden judicial que la respaldara. “Lo que nos pasó con el fiscal fue prácticamente una trampa. Él llegó sin ningún documento fiscal que lo ampare”, declaró Gustavo Gorriti, director de IDL.

 

El segundo intento provino de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República.

El pedido más reciente ocurrió el 12 de julio, cuando el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, le dio un ultimátum de tres días a IDL-Reporteros para que revele sus fuentes y entregue el íntegro de los audios de interceptación telefónica que recibieron y fueron materia del reportaje periodístico “Corte y Corrupción”, publicado el 7 de julio.

 

De no revelar sus fuentes, señaló la notificación, los periodistas serían procesados por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, publicó El Comercio.

 

Los audios materia de la investigación periodística de IDL-Reporteros revelarían una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción en conversaciones sostenidas entre congresistas, ministros y jueces supremos en funciones, como la del juez César Hinostroza, a quien se le escucha negociando la sentencia de un caso de violación a una niña de 10 años.

 

El artículo 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) protege el derecho de todo comunicador social a reservar sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

 

También el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, el cual comprende también la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

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